Aerolíneas Argentina: la Justicia habilitó pedidos de embargo contra activos locales por U$S 391 millones

La Justicia de Estados Unidos habilitó a Titan Consortium a solicitar embargos sobre activos de Estado argentino, para intentar cobrar una sentencia vinculada con la expropiación de Aerolíneas Argentinas (AA) y Austral.

La decisión fue tomada por la jueza Jia Cobb, de la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, y permite al fondo avanzar con pedidos de embargo por un monto que actualmente ronda los U$S 391 millones.

El caso se origina en una condena contra el Estado argentino por la estatización de la aerolínea en 2008, durante el primer mandato presidencial de Cristina Elisabet Fernández de Kirchner.

Según la resolución, ya transcurrió un período considerado razonable desde el reconocimiento judicial de la deuda sin que la Argentina haya concretado el pago.

La sentencia

El origen del conflicto se remonta a una disputa iniciada después de la estatización de Aerolíneas Argentinas y Austral.

En 2017, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo del Banco Mundial, condenó a la República Argentina a pagar aproximadamente U$S 321 millones más intereses y costas por la expropiación.

El laudo quedó firme en 2019, pero el CIADI no cuenta con mecanismos propios para ejecutar compulsivamente sus decisiones sobre los bienes de un Estado.

Por ese motivo, Titan Consortium recurrió posteriormente a los tribunales estadounidenses para obtener el reconocimiento y la ejecución del fallo.

En diciembre de 2024, la Justicia del Distrito de Columbia reconoció el laudo por un monto de U$S 390.907.155,55, correspondiente a esa fecha, más los intereses que se acumularan posteriormente.

Argentina apeló la decisión y planteó, entre otros argumentos, que el reclamo se encontraba alcanzado por un plazo de prescripción de tres años. El tribunal rechazó ese planteo y consideró que el período aplicable era de doce años.

Decisión de la Justicia de EE.UU.

La resolución más reciente permite a Titan Consortium avanzar con los pedidos de embargo de bienes argentinos que puedan ser alcanzados por la ejecución de la sentencia.

La jueza Cobb consideró que había transcurrido un plazo razonable desde el reconocimiento del fallo sin que se hubiera producido el pago.

En ese sentido, sostuvo que durante los 21 meses posteriores a la sentencia de diciembre de 2024, Argentina aparentemente no había realizado esfuerzos para cancelar la deuda.

Las causas vinculadas con Titan Consortium están radicadas en Washington D.C. y Nueva York, aunque los pedidos de embargo podrían presentarse en otros distritos judiciales de Estados Unidos, de acuerdo con la resolución.

Esto no significa que ya exista un embargo concreto sobre un activo argentino. La decisión habilita al fondo a iniciar los procedimientos para identificar y solicitar medidas sobre bienes que puedan ser embargables.

Aerolíneas Argentina no está directamente alcanzada

Desde AA aclararon, al diario Clarín, que la demanda no está dirigida contra la compañía, sino contra el Estado argentino.

La empresa tampoco posee bienes propios en Estados Unidos, que puedan ser utilizados para satisfacer el reclamo.

Los aviones que AA utiliza habitualmente para sus vuelos hacia ese país no son de su propiedad. La compañía opera esas aeronaves bajo distintos esquemas de leasing, por lo que esos bienes tampoco forman parte directa del patrimonio estatal argentino.

La discusión se concentra, por lo tanto, en determinar qué activos del Estado pueden eventualmente ser alcanzados por una medida de ejecución en territorio estadounidense.

El origen del reclamo

La disputa tiene su origen en la situación de Aerolíneas Argentinas antes de su estatización.

En 1990, el Estado argentino vendió su participación en la compañía a la española Iberia. Después de distintos cambios de control y años de dificultades financieras, la aerolínea pasó a manos del grupo español Marsans.

En 2008, durante la presidencia de Cristina Kirchner, el Gobierno avanzó con la estatización de Aerolíneas Argentinas y Austral.

El Congreso aprobó entonces la operación y el Estado asumió el control de las compañías.

A partir de esa expropiación se inició el proceso arbitral que años después terminó con la condena contra la Argentina.

El derecho a reclamo de Titán Consortium

Después de la estatización, el grupo Marsans quedó involucrado en el reclamo internacional por la expropiación.

Con posterioridad, los derechos económicos del caso Aerolíneas fueron transferidos a Titan Consortium, que actualmente impulsa la ejecución del laudo ante los tribunales estadounidenses.

De esta manera, el fondo busca utilizar las herramientas judiciales disponibles en EE.UU. para obtener el cobro de una deuda que el Estado argentino todavía no canceló.